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Abogados de Morelos piden la salida del fiscal – El Sol de Cuernavaca

El Foro Morelense de Abogados de Morelos, en voz de su presidente, Pedro Martínez Bello pidió la renuncia del fiscal de justicia Uriel Carmona Gándara, luego de que se dio a conocer la liberación de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, único detenido por el homicidio de los hermanos Luis Javier y Luis Enrique, así como del feminicidio de Noemí Guadalupe.

“El fiscal Uriel Carmona Gándara se tiene que ir por incapaz, por incompetente, es un violador de derechos fundamentales”, aseguró Martínez Bello.

Agregó que, hoy en día la procuración de justicia se ha “politizado” en la entidad, ante la falta de resultados positivos. Por tanto, llamó a las y los diputados del Congreso Local a revisar el actuar de su titular.

Martínez Bello recordó que tras la audiencia de vinculación a proceso la jueza especializada de control resolvió dejar en libertad al acusado de 22 años, al considerar que las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público no fueron suficientes para mantenerlo en prisión o fueron obtenidas de manera ilícita.

Ante esto, el abogado penalista explicó que esto pudo determinarse como que los medios de prueba fueron sembrados en los domicilios donde la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) realizó los cateos que llevaron a la detención de Luis Alberto “N” y ante estas irregularidades obtuvo su libertad.

Agregó que, si bien el ahora ex imputado no quedó absuelto en un cien por ciento, pues la FGE aún puede realizar la integración de la carpeta correctamente y detenerle si encuentra pruebas contundentes, no descarta que en estos momentos ya no esté en el estado.

“Lo más seguro es que él se va a ir del estado, no va a estar esperando a que la Fiscalía General del Estado perfeccione la carpeta de investigación”, mencionó.

Además, esto deja en indefensión a los familiares de las víctimas, pues los responsables de este crimen continúan en libertad.

Por último, recordó que este no es el primer caso en el que se exhibe al órgano procurador de justicia, pues el año anterior, fue el caso de Ariadna Fernanda y el presunto encubrimiento de su feminicidio.


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