El aumento al salario mínimo en el actual sexenio ha sido de los mayores registrados en los años recientes; sin embargo, la economía actual sigue lejos del proceso inflacionario que ha generado un incremento acelerado en el costo de la canasta básica, mientras que los trabajadores exigen salarios contractuales del 20 por ciento, lo que incrementa el riesgo de huelgas en empresas e instituciones.
De acuerdo con Vinicio Limón Rivera, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Morelos, la nueva ley laboral es un embudo democrático excesivo que pone a las empresas y al pueblo contra la pared, pues son ellos quienes deben pagar los incrementos a los salarios.
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El problema, dice, es que el gobierno no cuenta con una metodología para detener una espiral inflacionaria que se provoca de forma lógica; “eso cualquier economista y cualquier gente con sentido común lo observa, porque los empresarios no van absorber el 20 por ciento, ese 20 por ciento quien al final lo acaba absorbiendo es el público, la gente, el pueblo en general, es una medida muy populista”.
Otro de los problemas que enfrentan las empresas es que los trabajadores ahora exigen salarios contractuales de 20 por ciento. “Aquí el problema es que en los salarios contractuales la gente está pidiendo ese incremento también, el problema es que cuando pactas con la empresa equis cantidad de salario y no es el 20 pro ciento, como tiene que meterlos al consenso (asamblea), va llevar a problemas directamente de huelgas con las empresas”, explicó el líder cetemista.
Para el secretario general de la CTM la solución es racionalizar los incrementos salariales de acuerdo con los indicadores del Banco de México, es decir, si la inflación está en un 7 por ciento, el incremento del salario debe ser del mismo porcentaje.
Negocian pago de conceptos en salarios mínimos
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Santiago Muñoz Nava explicó que algunas prestaciones con las que cuentan los empleados del gobierno del estado no se calculan con base en el salario mínimo, sino con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente se ubica en 90 pesos, mientras que el salario mínimo supera los 172 pesos, lo que afecta a la base trabajadora, quien negocia actualmente con el gobierno estatal que algunos conceptos, como las despensas, se midan de acuerdo con el salario mínimo.
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“Cada año nosotros negociamos lo que se llama ‘anexo económico’, que son parte de las condiciones generales de trabajo, en él vienen fijados algunos conceptos, cómo se van a tazar, cómo se van a calcular; hemos tenido dos mesas de trabajo tratando el punto; es una petición que se calcule en salarios mínimos, hay buena voluntad del gobierno del estado, esperamos llegar a un acuerdo”, dijo.
Empresas, en revisión
De las 62 inspecciones que se hicieron para revisar los cumplimientos de las condiciones generales de trabajo en 2022, en cinco centros de trabajo no exhibieron el pago del salario mínimo.
Es decir en cinco empresas de la iniciativa privada no presentaron o acreditaron que cumplieran con el pago del salario mínimo, por lo que se inició un proceso, en el que tendrán que demostrar que sí lo pagaron; de lo contrario serán multados, informó Adelaida Trejo Lucero, coordinadora del Trabajo y Previsión Social de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo estatal.
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