Junto con los otros mandatarios estatales autodenominados “de la cuarta transformación”, el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se suman al iracundo rechazo que en los simpatizantes del dogma lopezobradorista provocó la anulación de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, que constituían la primera parte del que Andrés Manuel López Obrador bautizó como plan B, de reforma electoral con que pretendía modificar el sistema electoral mexicano bajo el pretexto de austeridad y desterrar lo que considera un arbitraje parcial de las autoridades electorales, por las decisiones de sancionar conductas punibles administrativa y hasta penalmente cometidas por miembros del partido del presidente y por él mismo. En el texto que parafrasea lo dictado desde donde se produce el discurso de Morena, los gobernadores acusan a la Corte de “seguir privilegiando los intereses del viejo régimen en lugar de respetar la voz del pueblo, representado en las cámaras”. También reiteran su rechazo al Instituto Nacional Electoral porque dicen responde “a la simulación y los intereses particulares”.
Además de la debilidad argumentativa de las acusaciones, y el verdaderamente escaso aporte al debate que hacen los 22 gobernadores del oficialismo, llaman la atención las obvias contradicciones evidenciadas por la firma de Cuauhtémoc Blanco en el documento. El gobernador de Morelos avala la idea de que el Legislativo representa la voz del pueblo, trasladando ello al estado en que cobra como titular del Ejecutivo, los diputados de Morelos representarían la voz del pueblo y con ello, las determinaciones del Legislativo local, tomadas bajo una obediencia a la norma parlamentaria mayor que la de los diputados federales oficialistas, serían inatacables por cualquier poder.
Pero Cuauhtémoc Blanco ha operado contra las determinaciones del Legislativo y hasta ha apostado a que la Suprema Corte, a la que acusó ya de defensa al “viejo régimen”, revierta determinaciones tomadas por la mayoría legislativa, por ejemplo, el el presupuesto de egresos 2023, que prohíbe expresamente las libres transferencias y reasigna montos de gasto corriente a obra pública. El mandatario morelense no sólo ha actuado por la vía jurídica contra la determinación de quien según su propio dogma es “la voz del pueblo de Morelos”, también emprendió una campaña contra los legisladores a quienes ha acusado de traidores, rateros, mafiosos, y toda una colección de epítetos.
Algún defensor del mandatario podría decir que el analista compara en este momento peras con manzanas, que no es lo mismo la materia presupuestal que la electoral y aunque la percepción sobre la legitimidad de la soberanía popular en el Congreso tendría que ser la misma más allá de la materia que se busque regular, también en lo electoral es evidente la contradicción en el pensamiento y las acciones de Cuauhtémoc Blanco.
El Congreso de Morelos discute una ley reforma electoral local que, entre otras cosas, mejora la calidad de las acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables y mediante la ampliación del número de diputados y regidores eficienta la representación popular en el Congreso y los cabildos y les ofrece una mayor gobernabilidad. El gobernador no sólo se ha pronunciado en contra de la reforma propuesta por los legisladores (la voz del pueblo), sino ha operado políticamente a través de sus legisladores y alcaldes aliados para retrasar la aprobación de la propuesta que contaría al momento con por lo menos los catorce votos necesarios para ser aprobada.
Lo que los gobernadores ignoran, a su conveniencia, es que la anulación de la Suprema Corte de Justicia a las leyes aprobadas por la mayoría morenista y sus aliados, ni siquiera revisó el fondo de las reformas propuestas, que pudieran tener también elementos que vayan en contra de la Constitución. Los argumentos de los ministros para el rechazo radican en las violaciones a las normas del proceso legislativo cometidas durante la aprobación de las reformas. Es decir, los ministros no tuvieron que entrar al fondo de lo que los morenistas han dado en llamar “la voz del pueblo” que representa apenas una mayoría de activos lopezobradoristas, puesto que las violaciones a las normas cometidas por los legisladores fueron suficientes para declarar inválidas las modificaciones aprobadas. Probablemente por ello en Morelos se esté cuidando tanto el aseo legislativo en la reforma electoral local.
@martinellito
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