La nueva norma europea que obligará a las grandes tecnológicas a eliminar rápidamente el contenido ilegal en internet, siempre que tengan conocimiento de ello, les someterá también a una mayor transparencia en el funcionamiento de los algoritmos.
La ley de servicios digitales, que entrará en vigor en 2024, es una de las dos grandes normativas que acaba de aprobar la Unión Europea para controlar el poder de las principales plataformas de internet, junto a la ley de mercados digitales, que fija nuevas normas antimonopolio para estas compañías.
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Cuando la normativa recién aprobada entre en vigor, las empresas tendrán que realizar informes anuales para identificar el posible riesgo que los algoritmos puedan causar a la salud de los ciudadanos o a la seguridad pública y permitirá a las autoridades y la comunidad académica acceder a su configuración, como medida de transparencia.
La ley de servicios digitales prohibirá también la publicidad personalizada para los menores de edad y obligará a empresas como Twitter, Meta, Google o Amazon a informar a los usuarios de por qué les recomienda determinados contenidos en base a su perfil.
En ese sentido, destaca que tendrán que darles a los ciudadanos la posibilidad de que la información que ven en internet no esté basada en su perfil.
En la misma línea, la norma prohibirá el uso de “patrones oscuros”, trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.
Además impondrá a los mercados en línea la obligación de comprobar quiénes son las empresas que venden productos en sus plataformas para evitar la distribución de productos falsos.
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En caso de que incumplan los requisitos, la Comisión Europea podrá imponer a las empresas una multa de hasta el seis por ciento de su facturación anual a nivel mundial.
Además, en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania, las autoridades podrán analizar si las grandes plataformas contribuyen a diseminar noticias falsas y, en ese caso, aplicar “medidas proporcionadas y eficaces para garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, según detalló el Consejo de la UE en un comunicado.