La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Isabel Guadarrama Bustamante, Javier Arias Casas y José Enrique Pérez Rodríguez que fueron removidos el 22 de agosto del 2022 por orden del Instituto Nacional Electoral. Con ello decenas de aspirantes que ya preparaban sus documentos para concursar por las plazas vacantes verán frustradas sus aspiraciones; el Impepac deberá pagar salarios y prestaciones caídas; se robustecerá el trabajo que hasta ahora se cargaba en sólo cuatro consejeros; y se garantiza que tres profesionales electorales con experiencia (en eso la de Enrique Pérez es valiosísima por los muchos años de servicio en el área) tengan presencia y actividad en la organización del proceso electoral 2023-2024.
La reincorporación de los tres consejeros, sin embargo, no arregla el problema mayor del órgano electoral, que no está tanto en la integración del funcionariado como en la asfixia presupuestal a que ha estado sometido desde tiempos de Graco Ramírez pero se ha agravado con los lineamientos políticos de la 4t que buscan debilitar a las instituciones comiciales (y en general a todos los órganos autónomos) con limitaciones en los recursos que requieren para su funcionamiento y reformas legales que contravienen a la Constitución. A diferencia de sus pares del Instituto Nacional Electoral, el Consejo Electoral del Impepac ha tenido una postura por lo menos discreta frente a los embates en su contra, acaso un par de declaraciones de la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, han sido una bastante tímida respuesta a las agresiones contra el organismo público local electoral, OPLE, de Morelos.
Extraña sobre todo porque los embates vienen de todos lados. Desde quienes violan abiertamente la ley electoral con actos anticipados de campaña que ponen en duda la equidad de la contienda, hasta la insuficiencia presupuestal que deja al Impepac en incapacidad material de cumplir cabalmente con sus deberes constitucionales y hasta con sentencias de la Corte (el atraso impresionante en la consulta para la separación de Tetelcingo en Cuautla es tal vez el caso más llamativo), son agresiones contra el árbitro y finalmente, contra la democracia morelense que había resultado ejemplar para todo el país hasta hace unos años.
Una posible justificación es el estado de indefensión en que debe sentirse el órgano electoral, consejo y funcionarios, frente a las agresiones cotidianas y la dependencia presupuestal absoluta del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, tendría que reconocerse que consejeras y consejeros han fallado en una de sus tareas sustanciales, convencer a la ciudadanía con hechos de lo indispensable que resulta su labor en la construcción de la democracia. Las respuestas del órgano electoral frente a los atentados diarios contra la democracia que se presentan en Morelos han sido muy pocas discretas y el resto, totalmente ausentes.
Sólo para empezar el 2023, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública advirtió de la intención de grupos criminales de involucrarse en el proceso electoral por la vía de la presión y financiamiento de campañas de probables candidatos. Ese aviso, por sí mismo, tendría que merecer una respuesta pública contundente del órgano electoral que incluyera, además de los medios de fiscalización que tiene la autoridad electoral (mismos que se ponen en riesgo con las reformas legales y la falta de financiamiento), la petición a los cuerpos de seguridad e inteligencia del gobierno estatal de señalar y denunciar formalmente a los políticos que admitan esas prácticas. Hasta el momento no ha habido siquiera un suspiro al respecto por parte del órgano electoral.
Tampoco ha habido pronunciamiento sobre la cantidad de faltas a la norma electoral cometidas por el gobernador y sus colaboradores, sobre la propaganda política que realizan aspirantes de casi todos los partidos políticos, a menudo disfrazada de carteles de invitación a espectáculos que hasta podrían ser pagados con recursos públicos.
El Impepac es una institución formada mayormente por expertos en las muchas áreas de la materia electoral, la organización, la operación, la comunicación, etcétera; cuando era aún el Instituto Estatal Electoral tuvo consejos mucho más activos, más cercanos a la sociedad y mucho más críticos. El gobierno del órgano electoral se ha vuelto discreto cuando más necesaria es su voz, su inteligencia y hasta su condena a los crímenes contra la democracia.
@martinellito
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