El Poder Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del estado de Morelos los dictámenes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año 2023, para posteriormente acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir constitucionalmente la aprobación hecha por los diputados locales, manifestó el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado.
Se espera que el próximo lunes el Congreso local remita los acuerdos sostenidos en el Pleno Legislativo del pasado jueves, en donde lamentó se hayan desechado las observaciones hechas al documento aprobado en una primera lectura hace un par de semanas.
Tras ello, dijo que la Consejería Jurídica será la oficina encargada de llevar la controversia constitucional a la SCJN y el tema sea resuelto por el Pleno Judicial de los ministros.
Con base al artículo 89 de la Constitución Política del estado, señaló que será la actuación jurídica del Poder Ejecutivo local, en actos que son considerados como abusos y exceso de poder por parte de los legisladores.
El servidor público lamentó que los diputados locales se hayan constituido en un suprapoder, dentro del cual disponen de acciones en perjuicio de sus pares y en perjuicio de la comunidad morelense.
Ahora espera que también los ayuntamientos perjudicados por la falta de recursos económicos para obra pública realicen las acciones jurídicas correspondientes, con base en elementos legales.
Al momento, dio a conocer que todavía el Congreso local no ha remitido los dictámenes de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del año 2023 aprobado por 15 diputados locales, durante la sesión ordinaria del viernes pasado.
En tanto, el presidente municipal de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, advirtió que desde la Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo y Fomento de los Municipios del Estado de Morelos (Idefomm) realizarán un pronunciamiento hacia el paquete fiscal aprobado.
Hay rechazo al mismo porque hubo varios municipios que quedaron sin dinero para obra pública y tampoco hubo el apoyo económico, para terminar con el problema de laudos heredados de administraciones pasadas.