Después del sismo de septiembre de 2017, Morelos recibió 15 mil 887 millones de pesos para obras de construcción, que incluían escuelas, iglesias y sobre todo casas de quienes lo perdieron todo. A más de cinco años de la tragedia las auditorías muestran posibles desfalcos por dos mil 637 millones de pesos, de los cuales los ejecutores no pudieron comprobar el destino final del dinero, como muestra un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha clasificado como posible daño al erario dos mil 637 millones de pesos; de los que 568.2 millones de pesos detectados por la ASF, mil 325.6 millones de pesos observados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y pertenecientes al proyecto Unidos Por Morelos, así como 743.5 millones de pesos, quedaron en el limbo ya que no fueron auditados y se desconoce su destino.
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Con los recursos del Morebús, por ejemplo, se realizaron obras por 164 millones de pesos; MCCI pudo constatar que algunas de estas no existen, como la pavimentación de la calle Orquídeas y del callejón Benito Juárez, en las colonias Zapata y Vicente Guerrero, donde invirtieron 492 mil y 391 mil pesos. Ambas son de terracería y los vecinos nunca han sabido de un plan de pavimentación.
En su momento, el diputado Arturo Pérez Flores, quien coordinaba la Comisión Especial para la Reconstrucción en Morelos, señaló que una primera carpeta de investigación hablaba de 30 millones de pesos, después se subió a 76 millones más “y ha venido creciendo”; además, en septiembre de 2022 indicó que las tres carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializadas en el Combate a la Corrupción aún no han sido judicializadas.
Dijo que todavía había pendientes por resolver en este tema, como el cambio de redes sanitarias e hidráulicas en los municipios de Axochiapan, Jojutla y Tlaquiltenango.
El pasado 9 de febrero, el Congreso del Estado aprobó modificaciones en la integración de las comisiones legislativas, así como en las comisiones especiales, entre la que se encuentra la creada para dar seguimiento a la reconstrucción, por lo que el morenista Pérez Flores fue relevado por Julio César Solís Serrano, quien ahora preside la Comisión Especial para la Reconstrucción en Morelos.
Entre otras cosas, las modificaciones se dieron por los pocos o nulos avances en los casos en revisión, aludieron legisladores. Mexicanos Contra la Corrupción señala que en la reconstrucción de viviendas no hubo padrones confiables.
“El padrón de Unidos por Morelos presenta anomalías en 40 por ciento, de acuerdo con el vicefiscal anticorrupción Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La ESAF informó que al padrón de beneficiarios de Jojutla y Zacatepec le faltó uno o todos los requisitos”.
Familias afectadas continúan sin un hogar
Los afectados señalaron a MCCI que si se hubiera hecho un censo correcto y cómo las personas lo necesitaban, se tendrían las casas para todos y no solo unos cuantos, esto en el caso del municipio de Jojutla, la zona más devastada por el sismo de 2017.
Justamente ahí hubo dos mil 900 familias afectadas y a la fecha 180 están sin vivienda por tres motivos principales: no quisieron o no hicieron trámites, no tienen manera de demostrar su propiedad o vivían a las orillas del río Apatlaco, zona prohibida y de alto riesgo, reporta el colectivo de investigación MCCI.
El municipio compró y electrificó un terreno de 16 mil metros cuadrados en la colonia Emiliano Zapata y lo donó a la Fundación Échale, la cual construyó 89 casitas. El Gobierno estatal por su parte puso el agua y el drenaje.
Sin embargo, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante reconoció que la responsabilidad de elegir a los beneficiarios se transfirió a un particular: “La Fundación hizo las listas y decidió a qué familias incluir”.
MCCI indicó que Morelos fue elegido para un ejercicio de fiscalización “por el elevado número de irregularidades que presentó en la Cuenta Pública 2018. La ASF originó 75 pliegos de observación –que es la acción previa a la denuncia penal y significa un posible daño al erario– por cuatro mil 256 millones de pesos y cinco solicitudes de aclaración por dos mil 614 millones de pesos”.
De igual forma, la investigación señala que por la cancelación del proyecto denominado Morebús el gobierno estatal obtuvo 540 millones de pesos que redireccionó a “inversiones públicas productivas”.
En el archivo del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF 2017-2019), entregado por la Secretaría de Hacienda local, aparecen obras por 164 millones de pesos. “En la pavimentación, banquetas e imagen de la calle principal de Jojutla, Constitución del 57, invirtieron 90.5 millones de pesos. Tampoco hubo auditorías a estos recursos y se desconoce el destino de los 376 millones de pesos restantes”, señala el documento emitido por MCCI.
En el estudio se toca también el tema de las tarjetas de Bansefi, de las cuales, dice, en Morelos la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pagó 85 millones de pesos por servicios bancarios para la dispersión de recursos a los beneficiarios en Morelos, esto sin la existencia de trabajos y dispersiones.
El arquitecto José Luis Hernández, director del Proyecto Esperanza y maestro de la carrera de arquitectura de la Universidad Anáhuac, señala que “fueron depredadores de la ignorancia de la gente. Rosario Robles (exsecretaria de Sedatu) estaba involucrada. Ella se daba muchas vueltas (por Morelos) y esas empresas que recomendó fueron las que saquearon y se robaron las tarjetas”, dice Hernández, galardonado por el Congreso local con el reconocimiento 19S.
Sobre la reconstrucción de las escuelas
Respecto a la reconstrucción de escuelas, El Sol de Cuernavaca dio cuenta que en el caso del Instituto Tecnológico de Zacatepec se realizaron dos auditorías (la núm. 1686-DS-GF y la núm. 1037-DS-GF) con observaciones en diferentes rubros, como no acreditar pólizas de seguro, la selección para la adjudicación de contratos de obra y pagos “indebidos” por más de cinco millones de pesos.
“El INEIEM (Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos) administró dos mil 179 millones de pesos para la reconstrucción de mil 341 escuelas; técnicamente el gobierno del estado no tuvo acceso a estos recursos. El INEIEM revisaba los expedientes y autorizaba las transferencias del Fonden a los contratistas”. Los recursos estuvieron disponibles desde noviembre de 2017, refieren las auditorías revisadas por MCCI.
Los mil 894 millones de pesos desviados, asegura MCCI, equivalen a la reparación de 24 mil 200 casas, o la construcción de tres mil 25 nuevas casas; sin embargo, no hay manera de que el dinero observado por la ASF y la ESAF llegue a las familias morelenses afectadas por el sismo.
Además se contempla un posible desfalco por más de 58 millones 800 mil pesos bajo el concepto de Aulas Móviles, las cuales son inexistentes; esta cifra fue desglosada entre 33 millones 98 mil 853 pesos, de 103 aulas de 33 planteles, donde en 85 casos no se entregó el acta de entrega-recepción y en 18, no contenían firma de responsables del INEIEM; cinco millones 314 mil 726 pesos de 14 aulas, y dos planteles por falta de documentación aprobatoria que acredite la entrega; ocho millones 584 mil 371 pesos, en 21 aules de tres plantes, donde no se acreditó la recepción e instalación de las aulas ya que las actas de entrega-recepción no tenían firma del personal del plantel educativo; y por último 11 millones 883 mil 202 pesos entre 29 aulas y dos planteles donde las actas de entrega-recepción no reflejan la participación del personal directivo de los dos planteles.
Estos recursos fueron autorizados el 6 de noviembre de 2017, mientras que 848 mil 303 millones de pesos fue lo que el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden asignó a la SEP para atender las acciones de reconstrucción en 33 municipios del estado.
Mexicanos Contra la Corrupción indica que “en Morelos las dos instancias encargadas de combatir la corrupción están enfrentadas; la ESAF está asociada al gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Fiscalía Anticorrupción al exgobernador Graco Ramírez, ya que el actual fiscal Juan Salazar fue su consejero jurídico”.
Consultadas ambas instancias por la organización, se dijo que “la directora de Responsabilidades de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Yadira Ceballos, sostiene que no incurrieron en ilegalidad y cuidaron no fiscalizar recursos previamente auditados por la ASF”. En tanto, en el caso de Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, rechazó que la suya sea una fiscalía “carnala”. “Esa opinión se da desde un punto de vista mediático”, respondió en entrevista con MCCI.
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