Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos, recordaría a una de esas tías de caricatura que exclaman “tanto que gastamos en su educación”, pero tiene razón. El prosecutor se queja, y con razón, de la falta de cuidado de los primeros respondientes para salvaguardar las escenas de crímenes (que en el estado tristemente son muchísimas) y por supuesto la inquietud es mayúscula en tanto la falta de cuidado sobre las escenas del crimen puede retrasar o entorpecer las investigaciones y generar impunidad.
“Por más que los hemos capacitado”, se queja el Fiscal respecto de la falta de cuidado mostrada por los primeros respondientes en el caso del feminicidio de la diputada Gabriela Marín y no hay cómo regatearle, Uriel Carmona tiene razón. Porque hasta en las películas y series de televisión esas que provocaron el “efecto CSI” con el que la mitad de la gente se sentía criminólogo o quería estudiar ciencias forenses uno aprende que lo primero que debe hacerse es preservar la escena del crimen para evitar contaminación o peor, extravío de evidencia que puede resultar crucial para el caso. Entonces el que los primeros respondientes al asesinato hayan sido incapaces de preservar la integridad de la escena, y más aún hayan permitido el robo de artículos personales de la víctima incluido su equipo de telefonía celular que podría ser crucial en la recreación de las últimas horas de su vida resulta muy sospechoso y hasta da lugar a toda suerte de especulaciones que harían de la acción aparentemente aislada de un malviviente que roba a quienes caen en desgracia, parte de un entramado no tan complejo de marrullerías para ocultar a los responsables del homicidio.
Con todo rigor, el robo del bolso de la diputada asesinada como un hecho separado del homicidio, hasta que haya indicios que manifesten lo contrario; pero la costumbre del cerebro humano a buscar relación entre los conceptos, aún en los más simples, lleva a especular múltiples posibilidades. Y muchas de ellas van en torno a la posibilidad de que el posible complot que se tejió para quitar la vida a la diputada involucre a más de tres actores principales: uno que accionó el arma, otro que condujo el vehículo de escape, y quien o quienes se supone habrían ordenado el crimen del que la Fiscalía, desde el principio, ha considerado tiene un móvil político.
Aún nada de eso ha sido explicado a profundidad por la autoridad, que tampoco puede ir a detalle en la información sobre las indagatorias por aquello del debido proceso, pero hasta ahora el sentido común deriva que habría por lo menos tres participantes en el feminicidio, que probablemente sea el primero con un móvil político en la historia del estado, pero las evidencias que fueron presuntamente extraídas indebidamente de la escena del crimen por el único sujeto relacionado con los hechos que ha sido apresado, podrían contener datos precisos o de contexto para dar mayor solidez a la investigación, porque en el equipo de telefonía celular en comento no sólo estarían los datos almacenados de llamadas recientes y archivos personales de conversaciones y mensajes de la diputada, sino también, y esto no deja de ser relevante, podrían contener los sitios visitados recientemente por la legisladora en caso de que el equipo haya tenido activada la geolocalización. Es decir, la información del aparato podría ayudar a la reconstrucción de los hechos.
El descuido en la protección de la escena del crimen ha convertido lo que habría sido un robo simple (por supuesto siempre condenable) en un asunto de Estado, por las implicaciones que esa sustracción ilegal de la propiedad tiene en la investigación de un crimen que impactó a la política local en múltiples vertientes, desde la agresión última a una mujer que hace política hasta la disolución de una mayoría calificada en el Congreso local, pasando por todas las implicaciones del impacto del crimen sobre la seguridad en Cuernavaca, el prestigio de la clase política local, y las que el lector quiera añadir.
Mucho peor pensar en la probable frecuencia de esos descuidos sobre las escenas del crimen que podrían ser una contribución aún no cuantificada en la impunidad prevalente en los delitos cometidos en el estado. Más gente tendría que ver programas policíacos.
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