La oposición, pese a sus justas banderas, nuevamente se equivocó en los mensajes. En un ambiente de inseguridad creciente en muchos estados de la República, en el sexenio más violento de la historia de los gobiernos civiles en México, con policías estatales y municipales escasas, mal capacitadas y mal armadas, y frente a estrategias de seguridad que han evidenciado ser por lo menos insuficientes, plantear el retiro del Ejército de tareas de seguridad que le fueron encargadas desde el sexenio de Felipe Calderón, y ampliadas en el de Andrés Manuel López Obrador, sin plantear una alternativa era un suicidio político.
Antes de que vengan los reclamos justos de quienes ven con suspicacia y hasta miedo la presencia del Ejército en las calles, sobre el origen de la queja conviene decir lo que la oposición quería, mantener la presencia del Ejército en tareas de vigilancia policíaca solo hasta el 2024 y obligar con ello el reforzamiento de las policías estatales y municipales y la revisión integral de las estrategias de seguridad del gobierno federal y los de los estados y garantizar el mando civil de la Guardia Nacional. A donde el oficialismo llevó el debate fue un derrotero diferente, la oposición quiere sacar al Ejército de las calles y con ello dejar desprotegida a la sociedad frente al crimen organizado. Es decir, se utilizó la parte más delicada del argumento de la oposición para destruirlo.
El gobierno federal hizo apenas lo suficiente para imponer su posición a una ciudadanía amedrentada por la violencia y las deficiencias de los cuerpos y estrategias de seguridad, exhibió la parte más delicada del complejo argumento de la oposición que, como suele hacerlo, mordió el anzuelo y se fue a la discusión de la militarización y los peligros evidentes que ella entraña, olvidando el tema fundamental y propositivo, la urgencia de fortalecer los cuerpos policíacos municipales y estatales y replantear por completo la estrategia de seguridad frente a los delitos de los fueros común y federal; cuestión que goza de mucho mayor respaldo ciudadano.
La oposición nunca planteó un salto al vacío en materia de seguridad, pero permitió que así se leyera y se fue hacia ese debate. En efecto, la presencia del ejército en labores de seguridad representa un riesgo enorme para los derechos humanos. Salvo la mayor confianza ciudadana de las fuerzas castrenses, tendría que reconocerse la falta de evidencia de buenos resultados en el combate a la delincuencia organizada o la reducción de los índices de violencia en el país. Pero también ha de reconocerse que es lo que hay y plantear su retiro de las calles sin que se hayan mejorado las condiciones de las policías civiles, significa dejar a la ciudadanía, y a los policías, a merced del terror que produce la presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Así, lo que la oposición consideró un primer triunfo en sesión del Senado, frenar la aprobación del ordenamiento que, en aparente violación del articulado constitucional, permite mantener al ejército en labores de vigilancia hasta el 2028, y permite que el ejército se haga cargo de la Guardia Nacional, y con ello de la operación de una estrategia bastante poco fructífera de seguridad pública; fue poco festejado por la ciudadanía que percibía el enorme riesgo de la vuelta de los soldados a los cuarteles. Así que la aprobación ayer de las reformas propuestas por el PRI pero alineadas con el ánimo presidencial que apenas fue débilmente matizado, no significó para la ciudadanía una afrenta tan grave como puede ser la inflación, el desabasto de medicamentos, la crisis en la educación o, por supuesto, la violencia e inseguridad.
La que habría sido una excelente agenda de oposición fue relegada a segundo plano y hasta podría resultar contraproducente a los aliancistas que parecen incapaces de comunicar efectivamente sus intenciones. El asunto es que no basta frenar a López Obrador, sino proponer un México distinto que probablemente existe en la visión de los aliancistas y los ciudadanos, pero sin comunicarlo, será imposible lograr mayor respaldo.
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