Los alcaldes piden mucho dinero, dice el gobernador, Cuauhtémoc Blanco después de reconocer que los ayuntamientos están quebrados y requieren toda la ayuda posible, siempre y cuando, por cierto esta ayuda provenga de las obras que, a su leal saber y entender, realiza el gobierno del estado de acuerdo con calendarios propios. Con visión optimista, la administración de Cuauhtémoc Blanco es pobre pero generosa con los ayuntamientos a los que está dispuesta a ayudar, desde una perspectiva más realista, los municipios son rehenes de los tiempos políticos y administrativos del gobierno estatal que promueve su imagen y la de sus colaboradores favoritos en arranques e inauguraciones de obras con un criterio más electorero que funcional.
Los alcaldes reciben los reclamos y el gobierno estatal los pocos aplausos por las obras que se realizan con recursos públicos. Los municipios prácticamente en la bancarrota todos, reciben participaciones mínimas del gobierno estatal y, dada la situación económica de los contribuyentes, recaudan poco. Frente a ello, los alcaldes piden un incremento importante en sus participaciones y el Ejecutivo, en un despliegue de su ya famosa generosidad, les otorga alrededor del 20% de lo que pidieron.
En su presupuesto de egresos para el 2023, el Ejecutivo contempla gastos por 34 mil 116 millones, 546 mil 322 pesos; de esa cantidad, que por cierto no es tan grande como cualquiera de nosotros los asalariados imaginaría. De ahí, se ha calculado entregar a los 36 municipios del estado 7 mil 291 millones 236 mil 845 pesos con noventa centavos; es decir, en promedio cada uno de los ayuntamientos recibiría 202 millones, 534 mil 356 pesos con 83 centavos. Y si les suena poco tendríamos que anticipar que puede ser mucho menos, dados los criterios de asignación a los ayuntamientos que incluyen factores como la población, el grado de marginación, la contribución de la demarcación a la economía local, etcétera.
¿Qué tan escaso es el presupuesto que recibirán los municipios? Para el final del 2022, Cuernavaca ejercerá más de mil 470 millones 579 mil pesos; sólo la deuda acumulada de su sistema de agua potable es de mil millones de pesos. El resto de los municipios padecen problemas similares y probablemente peores en proporción de sus finanzas que derivan de problemas financieros estructurales y de cambios unilaterales en las políticas de asignación de recursos públicos provenientes de la Federación, pero también del gobierno de Morelos. Si a ello sumamos los desfalcos sospechados y algunos ya en proceso judicial cometidos por ex alcaldes (Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Zacatepec, son sólo algunos), la demanda de los ayuntamientos por una nueva coordinación hacendaria que permita a los municipios acceder de forma directa y no discrecional a más recursos luce bastante justa.
Uno de los problemas políticos mayores que presenta el presupuesto para el 2023 es que dar más recursos a los municipios significaría, en automático, quitarlos a otros rubros, particularmente al Ejecutivo. El Poder Legislativo y el Judicial gastan prácticamente todos sus recursos en salarios, pensiones y jubilaciones, entre ambos, además, reciben apenas mil cien millones de pesos. Los órganos autónomos en conjunto recibirán poco más de dos mil 200 millones, de los que el 90% van para la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tampoco ahí puede recortarse, incluso la mayor parte de estos organismos han asegurado que el presupuesto no es suficiente.
Queda el gasto del Ejecutivo, que ya ha dejado prácticamente sin recursos a áreas que la administración de Cuauhtémoc Blanco no considera prioritarias, como el Desarrollo Social y el Desarrollo Agropecuario. Así que, insistimos, mientras Morelos no reforme a profundidad su coordinación hacendaria, los municipios seguirán padeciendo de la pobreza que hoy arriesga convertirlos en estructuras burocráticas prácticamente inoperantes. A lo mejor en el interés electoral es lo que conviene al gobierno estatal.
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