Después de un año que seguramente fue el más violento en la historia reciente de Morelos, los primeros cinco días del 23 arrojan por lo menos una veintena de homicidios dolosos en el estado. La tendencia al crecimiento de los homicidios dolosos, y de otros crímenes violentos de alto impacto (feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, violación y secuestro), se nota en las cifras, pero también en las calles. Morelos se ha convertido en un lugar peligroso y los efectos de la violencia se notan en el comportamiento social y en la actividad económica.
Llama la atención, entonces, que la cuestión de la seguridad pública y de las fallas profundas en la estrategia trazada por el Ejecutivo estatal bajo los lineamientos del federal, no figuran como la preocupación fundamental de una clase política que ha preferido centrar su atención en la disputa por el poder presente y futuro, más que en corregir las fallas que hoy llevan a contar por cientos las víctimas directas, y por miles las indirectas, de la violencia en el estado. La mezquindad de los políticos parece abrevarse por dos vías: Primero, un discurso cíclico de acusaciones y excusas: falla la estrategia de seguridad, acusan unos; no hay recursos, ni policías, ni colaboración de los alcaldes, responde el Ejecutivo; la autoridad es incapaz de detener la violencia y ofrecer las garantías mínimas de seguridad en el estado, “hemos detenido a muchos que antes no se detenían”, alega el gobernador. Y segundo, la tácita confesión de todos los actores políticos de no tener una idea clara de cómo frenar la violencia en el estado, especialmente con el actual estado de las fuerzas del orden.
El problema no es menor. El abierto enfrentamiento entre los políticos morelenses inició desde el principio de 2019. En ese período se han cometido en Morelos más de 3 mil 700 homicidios dolosos, alrededor de 130 feminicidios, 175 secuestros, y casi mil 900 violaciones. Si bien es cierto que el 2020 los índices de violencia se redujeron, también lo es que se debió más a la contingencia sanitaria que redujo la movilidad en las calles que al éxito de la estrategia de seguridad. Los datos del 2021 y 2022 apuntan a que la violencia está equiparando y en algunas de sus modalidades superando los registros del 2019.
Sólo desde una perspectiva de perversa propaganda se podría llamar a las 3 mil 700 víctimas de homicidio doloso, y las 130 de feminicidio, los muertos y muertas de Cuauhtémoc Blanco. Pero la responsabilidad del Estado (que incluye al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos y gobierno federal), en la crisis de seguridad de Morelos, que ha llevado al índice más alto de violencia en cualquier administración gubernamental, es innegable.
Sorprende que pese a las tendencias de incremento en la violencia, sólo el Ayuntamiento de Cuernavaca esté intentando hacer algo diferente. Fuera del Mando Coordinado policial, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la capital de Morelos ha logrado por lo menos contener la tendencia a la alza y, en términos demográfricos, tener índices de violencia ligeramente menores que otros municipios, lo que no es suficiente, pero demuestra la posibilidad de hacer las cosas de otra forma y lograr resultados un poco menos catastróficos que en el resto del estado. Las críticas sobre las determinaciones del ayuntamiento de Cuernavaca en materia de seguridad, sin embargo, no han faltado y derivan de resultados bastante mediocres frente a la expectativa de los habitantes de una ciudad que ha padecido oleadas de violencia durante por lo menos 15 años; y de la personalidad de los protagonistas en el ayuntamiento, el alcalde José Luis Urióstegui, y la secretaria, Alicia Vázquez Luna, ambos totalmente discordantes de la oferta en la política morelense actual.
Pero tal vez debería sorprender mucho más elque, salvo los dichos, ninguno de los políticos que se quejan o de los que apoyan al gobierno estatal, esté dedicado a revisar los datos de la violencia en el estado, a realizar un estudio serio sobre lo que podría modificarse para lograr una estrategia eficiente con los recursos que se tienen actualmente. Nadie parece dispuesto a hacer su tarea, ni los planners en el diseño de nuevas estrategias, ni los políticos en el fortalecimiento de la protección a la población, ni la ciudadanía en ser más exigente con sus gobernantes.
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