Para que se pueda dar una reglamentación en materia de tarifas de estacionamientos públicos, primero se deben generar mesas de trabajo y socializar el tema, consideró el diputado local Ángel Adame Jiménez.
Recordó que hace algunos años se intentó en el Congreso Local reglamentar los establecimientos públicos y los de plazas comerciales, sin embargo, no se tuvo éxito.
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“Entiendo que algunos se ampararon y ya no pudo caminar, lo que, sí para que pudiera darse en el estado de Morelos, sin duda, esta ley y todas las leyes sobre todo cuando impactan a ciertos sectores de la población en este caso el comercial, hay que hacer mesas de trabajo, buscar los acuerdos pertinentes”, dijo.
En junio de 2019, el Congreso Local aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en materia de estacionamientos para que se les otorgue dos horas gratis de estacionamiento a clientes de fraccionamientos, condominios comerciales y de servicios, sin importar el monto de su consumo, y que no se les cobre cuota alguna en caso de que extravíen su boleto de acceso.
Pese a que la legislación está vigente en la entidad, ningún Ayuntamiento la reglamentó, por lo que no es aplicable y los ciudadanos siguen pagando este servicio.
A mediados de mayo del 2023, los legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron que las alcaldías regulen las tarifas de los estacionamientos públicos, además de contar un registro de todos los establecimientos de este tipo.
En este sentido, Adame Jiménez indicó que definitivamente en Morelos son más bajas las tarifas en estacionamientos públicos que en la Ciudad de México, sin embargo, aceptó que sí se debe hacer una revisión de los estacionamientos públicos así como en las plazas comerciales sobre el tema de la gratuidad de las primeras dos horas.
Agregó que más allá de que sea una imposición, los usuarios son los que tienen que estar protegidos por quien otorga los servicios.
Finalmente, Adame Jiménez indicó que se debe buscar un consenso, que no afecte a los bolsillos de los usuarios, pero que tampoco los prestadores del servicio se sientan vulnerados.
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