Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México trajeron como resultado que un juez librara orden de aprehensión en la primera semana del presente contra 4 exfuncionarios de la CdMx, entre ellos Chritian Von Roehrich, líder de los legisladores del PAN en el congreso local y extitular de la Alcaldía Benito Juárez, quien evadió de la acción de la justicia.
En conferencia con periodistas, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la capital (FGJ) señaló que después de arduas indagaciones sobre los fraudes inmobiliarios en varias alcaldías de la CdMx, se estableció con claridad que varios funcionarios de la Benito Juárez cometieron ilícitos cuando ejercían su cargo, en perjuicio del patrimonio de la alcaldía, y por lo tanto del pueblo.
Los delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa, por los cuales ahora se acusa a los exfuncionarios, consistieron en realizar actos simulados para asignar contratos de obra a empresas inexistentes –carentes de empleados y domicilio—y que nunca realizaron trabajos antes ni después de la mencionada asignación. Es decir, contrataron empresas de papel, creadas exprofeso, las cuales nunca funcionaron y solo sirvieron de pantalla para sustraer recursos de la tesorería de esa alcaldía.
De los cuatro funcionarios coludidos, 3 ya fueron detenidos: Ismael N, José Ramón N, Alejandro N. Falta por detener a Christian Von Roehrich (Christian N) ex titular de la alcaldía mencionada, quien evadió la acción de la justicia y se encuentra prófugo. Ya se presentó la denuncia ante las autoridades policiacas y de migración, y se emitió una ficha roja para lograr su detención.
Estos hechos han generado un escándalo mayor entre los más altos jerarcas panistas, incluyendo al presidente y su comité ejecutivo, quienes de inmediato llamaron a una conferencia de prensa donde se quejaron de la supuesta persecución política de Claudia Sheinbaum. A dicha conferencia asistieron todos los miembros de las cúpulas nacional y local del partido albiazul. Además de Marko Cortés, estuvo Jorge Romero Herrera, exalcalde de Benito Juárez y líder de la fracción albiazul en la Cámara de Diputados federal, así como Santiago Creel, presidente de la misma y decenas de dirigentes, diputados locales y federales. La plana mayor de ese partido.
En la reunión se manejaron dos argumentos centrales: la orden de aprehensión contra Von Roehrich representa –dijeron— una persecución política que ha emprendido Claudia Sheinbaum contra su partido; también expresaron que si tocan a uno, es como si tocaran a todos. Las demás intervenciones fueron desahogos, consignas contra el gobierno de AMLO, quejas en tono dramático contra la supuesta ineficiencia de las autoridades federales y locales, etc. Quedó bien claro que toda la estructura orgánica del PAN fue cimbrada hasta los cimientos, a causa de las mencionadas órdenes de aprehensión contra los líderes mencionados.
Las investigaciones de las autoridades judiciales de la CdMx abarcan los 4 últimos periodos de administraciones blanquiazules en la alcaldía Benito Juárez: la de Mario Alberto Palacios Acosta, de 2009 a 2012; la de Jorge Romero Herrera, de 2012 a 2015; de Christian Von Roehrich de 2015 a 2018 y del actual, Santiago Taboada, aún en funciones. A raíz de las indagatorias se han congelado decenas de cuentas bancarias de dichos funcionarios, así como de empresas de ellos o sus familiares.
Fueron muchos los excesos cometidos por los funcionarios panistas: esencialmente emplearon permisos de construcción para edificar casas de interés social, cuyo precio por departamento no podía exceder de 700 mil pesos. Lo que hicieron en cambio fue autorizar construcciones que rebasaban los límites en cuanto al número de pisos y el precio por cada departamento. Llegaron a costar 5 millones cada uno, y más aún.
En total se construyeron 130 inmuebles y 264 niveles más de los permitidos por la ley, en las diversas administraciones albiazules que funcionaron de 2012 a 2022. Diez años de fraudes, de quejas de los vecinos afectados, de ganancias millonarias que los funcionarios invertían en otros negocios y que sirvieron de sustento a la política corporativa y al crecimiento del PAN en la CdMx.
Las denuncias contra la corrupción de dichos funcionarios han procedido también desde los ciudadanos. En especial, el abogado Rodrigo Muñoz, habitante y líder de 40 vecinos de una de las torres habitacionales construidas en esa delegación, señaló que tanto Víctor Mendoza –funcionario de la alcaldía Benito Juárez—de acuerdo con otros, convalidaron el fraude al autorizar el funcionamiento de los mismos, los cuales además fueron vendidos a sobreprecio. El departamento que dicho profesional habita está ubicado cerca de la Torre Mitikah, sobre Avenida Universidad.
El abogado Muñoz manifestó también que, cuando comenzó a protestar por el fraude, fue detenido por órdenes de los mencionados funcionarios, valiéndose de influencias ante la autoridad judicial. Señaló incluso que a raíz de su detención perdió el empleo donde prestaba sus servicios como profesional. Él mismo ha acudido ante los juzgados y ha obtenido amparos a favor de sí mismo y de las 40 personas a quienes representa, la mayoría de la tercera edad. Ahora todos están pidiendo que se aplique el rigor de la ley contra los funcionarios implicados y se les devuelva su dinero, porque los edificios no reúnen las características esenciales de habitabilidad.
Jorge Romero, considerado el dirigente principal del grupo panista, se ha negado a reconocer responsabilidad alguna en los hechos delictuosos. Incluso Denise Maerker, quien dirigía el noticiero principal de Televisa, le preguntó acerca del asunto. Romero aseveró que él ignoraba los manejos de sus subordinados. La periodista insistió en que su programa de tv había dado a conocer los hechos en varias ocasiones, mientras Romero Herrera seguía aferrado a su versión infantil de los hechos, negando responsabilidad alguna en el encubrimiento de conductas que despojaron de su patrimonio a centenares de familias, y arguyendo en todo momento que Claudia Sheinbaun había convertido a su partido en objeto de persecución política.
Mientras tanto, continúan las investigaciones y las aprehensiones de funcionarios panistas de nivel cada día más elevado. Porque, de acuerdo con la ley, ellos tenían obligación de conocer los hechos delictuosos cometidos por sus subordinados, funcionarios nombrados por ellos mismos. A estas alturas resulta infantil negar su responsabilidad política. Más adelante se verá su responsabilidad jurídica.