El Congreso de Morelos concluyó su primer periodo de sesiones del segundo año de la LV Legislatura con logros relevantes, pero también en medio de la mayor campaña de desprestigio y ataques contra ese poder en la historia reciente de Morelos. Durante el periodo que inició en septiembre pasado, los legisladores lograron ponerse de acuerdo para convertir lo que era un bloque de contención con once diputados, en una mayoría legislativa con la que han logrado enfrentar el rezago legislativo, imponer una agenda política propia, y aprobar leyes que podrían tener un gran impacto social.
No fue un tránsito fácil. El feminicidio con móvil aparentemente político de la diputada Gabriela Marín Sánchez, cometido en octubre pasado, aún no ha sido resuelto y mantiene al Legislativo en un ambiente de temores y sospechas. Probablemente parte de ello impulse una renovada unidad de quince diputados, que ha sido factor para una agilidad procesal que no se veía hace años en el Congreso de Morelos.
Los diputados aprobaron la Ley de Equilibrio Ecológico, autorizaron a ayuntamientos a contratar créditos, se reformaron las leyes de desarrollo rural sustentable, la orgánica del Congreso y la de los municipios, y se avanzó en los ordenamientos de espacios cardioprotegidos, arbolado urbano, menstruación digna y en el análisis de la municipalización de comunidades indígenas, se aprobaron ordenamientos para frenar diversas violencias contra las mujeres, para atender a las víctimas de delitos y la desaparición de personas, se llamó a comparecer a funcionarios de las áreas de salud y seguridad y se aprobó un presupuesto diverso al que proponía el Ejecutivo estatal.
Y entre comparecencias, presupuesto y ejercicio real de su autonomía, el Congreso local se fue separando cada vez más del Ejecutivo. Y el punto que más ha dolido a algunos grupos políticos, que incluyen al del gobernador, es justamente el tema presupuestal. En efecto, el rediseño del presupuesto estatal y la prohibición de las transferencias de recursos libres, son lo que más parece incomodar a Cuauhtémoc Blanco y quienes resultan, por convicción o coyuntura, sus aliados, tanto que en las últimas dos semanas, entre el gobernador, alcaldes y otros actores, se acumulan cientos de diatribas e insultos contra los legisladores; por lo menos la mitad de ellas provenientes del propio titular del Ejecutivo quien incluso anda de gira para vituperar a los representantes populares.
Y los diputados, a través del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, responden bastante pocos de los señalamientos e insisten en pedir respeto a la división de poderes, pero para el gobernador el tiro está abierto y, como buen ofensivo, no parece dispuesto a dejar ir a quienes considera sus presas: cada uno de los legisladores a quienes percibe como adversarios, pero especialmente el propio Sánchez Zavala y Agustín Alonso, a quienes la propaganda oficial identifica como los autores de todo el desaguisado que ocurre en la política morelense.
Abona poco al futuro de Morelos el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Mucho menos cuando el mismo es atizado, ya no como en el antiguo juego político, a través de mensajeros diversos, sino por uno de quienes tienen la responsabilidad del diálogo, en este caso el gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Y claro que el mandatario alega que los diputados no han querido sentarse a dialogar, lo que sería bastante explicable si se considera lo difícil que resulta para cualquiera platicar con alguien que se la ha pasado insultándolo. Lo cierto es que el diálogo es imposible cuando una o varias de las partes está cerrada a ceder en algunas de sus posiciones, lo que es más simple en un ambiente de enconos como el que se genera desde las oficinas del gobierno estatal y de sus aliados en ayuntamientos y otros despachos.
La política se construye con diálogo y acuerdos. En medio del insulto, ambas cosas parecen imposibles.
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