El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, estimó que liquidar a los más de cinco mil empleados que se despedirán con la entrada en vigor del Plan B de reforma electoral tendrá un costo aproximado para la institución de 6 mil millones de pesos, pues la ley contempla que tiene derecho a tres meses de remuneración y 20 días por cada año de servicio.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, participó este jueves 26 de enero en un Space de Twitter, donde habló acerca de las consecuencias del llamado plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El espacio, que se extendió por más de tres horas, fue organizado por el analista político José Antonio Crespo y el politólogo Javier Martín Reyes.
Durante el tiempo que duró la conversación con el consejero presidente miles de personas escucharon sus opiniones sobre cómo afectaría al instituto la aplicación de las reformas electorales aprobadas por el bloque oficialista en el Congreso de la Unión.
El funcionario explicó que una de las cláusulas del Plan B es que la Cámara de Diputados no asigne más recursos al Instituto para pagar las liquidaciones de los empleados, cuyos servicios serán prescindidos, y advirtió que el dinero podría tomarse de los recursos que se tendrían que destinar a la organización de las elecciones de 2024, pues el fideicomiso que tiene el árbitro para afrontar dicha responsabilidad es de apenas mil 200 millones.
“Tendríamos que destinar (para las liquidaciones) dinero que hoy sirve para hacer las elecciones por orden de cuatro mil, casi cinco mil millones de pesos, es decir, está en riesgo hasta en la vía presupuestal, por lo que supone el Plan B, que el INE tenga suficientes recursos para comenzar las elecciones del 24, por eso es tan grave”, dijo.
Cabe recordar que en noviembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó recortar al INE 4 mil 475 millones de pesos para destinarlos a pensiones para adultos mayores, dejando su presupuesto en 13 mil 987 millones; la justificación de los legisladores para avalar el tijerazo fue que dicho monto se destinaría a una consulta popular que no se realizará, sin embargo, en esa reducción presupuestal no se contempló la liquidación de los cerca de 5 mil empleados del INE.
Por otro lado, Lorenzo Córdova dijo que los empleados del Instituto cuyos puestos de trabajo están en riesgo pueden tramitar amparos que sumados a las acciones de inconstitucionalidad que presentará el INE y las que ya tramitaron los partidos políticos convertirán al Plan B en la reforma más impugnada de la historia.
“Me parece puede dar origen a una cascada de impugnaciones y puede convertir este susodicho Plan B probablemente en la reforma legal más impugnada por sus violaciones a la Constitución de muy diversa índole de toda la historia de nuestro país”, sostuvo.