La participación prolongada de elementos militares en agresiones, enfrentamientos o aseguramientos en una misma jurisdicción afectó su estabilidad emocional y redujo su capacidad de identificar una amenaza real, así como la correcta aplicación de los principios y procedimientos del uso de la fuerza, detalla la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en documentos hechos públicos por la organización Guacamaya.
De acuerdo con documentos confidenciales en poder de El Sol de México, el Ejército tiene registro de que se afectó el desempeño y estado emocional de los militares en al menos 15 eventos en lo que va de enero a agosto de 2022, lo que contribuyó a hacer uso indebido de su armamento y provocar la pérdida de vidas humanas, lo mismo que un número considerable de heridos, incluyendo militares y civiles, durante persecuciones contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
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La dependencia encontró que el personal militar que ha participado en algún evento relevante puede generar estrés postraumático y con ello se reduce su capacidad de “identificar una amenaza real, actual e inminente, provocando que realicen acciones que afectan la imagen y que ponen en entredicho el prestigio del instituto armado”.
El Ejército detalla que “la actuación del Pnal. Mil. (personal militar) no se apega a las Leyes y Reglamentos militares y civiles que corresponde conocer todo servidor de la Sedena, lo que representa un riesgo para el personal militar y civil”. Aunado a esto el documento con número E-29734/5102 del 27 de agosto de 2022, advirtió que “existe desconocimiento de la aplicación del tomo II Manual de Técnicas y descripción de conductas a realizar por parte del personal militar, el cual establece que ante amenazas letales inminentes se considere despejar el área, advertir que se hará el uso de la fuerza letal y al accionar el armamento se procurará disparar en partes no vitales, y si aún persistiera la amenaza dirigir la fuerza letal hacia partes vitales”.
El pasado 31 de agosto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Heidi Pérez, una niña de cuatro años de edad, murió cuando elementos del Ejército presuntamente dispararon en contra un vehículo con vidrios polarizados donde viajaba junto con su hermano y su cuidadora. La madre de la menor, Christina Pérez, continúa exigiendo justicia sin que las autoridades le hayan dado respuesta.
El 29 de marzo de este año, en un hecho similar, una persona de origen guatemalteco murió a manos de militares en Mazapa de Madero, Chiapas, cuando los uniformados dispararon contra el auto en que viajaba en un punto de revisión.
A la mañana siguiente durante la conferencia mañanera, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que se dio una reacción errónea en un punto de revisión.
“Personal militar de seguridad hacía revisiones en auto, porque es una zona de tráfico de combustibles. Llega un vehículo con tres personas, no quiere pasar el punto de revisión y se echa de reversa. Hubo una reacción errónea del personal militar porque no hubo agresión”, señaló el secretario.
Aunque estos hechos no son los únicos, pues existen actos similares que datan de al menos dos sexenios atrás, como el de diciembre de 2008, cuando efectivos de la Sedena mataron a una mujer con cuatro meses de embarazo que se dirigía a un retén militar.
En esa ocasión, la mujer, que iba acompañada de otra familiar, condujo a alta velocidad hacia el retén para pedir ayuda luego de que un pariente suyo fue herido en un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado.
Los militares dispararon contra el vehículo antes de determinar si era una amenaza.
Ante el desarrollo de afectaciones sicológicas en los efectivos que participan en eventos relevantes, el Ejército recomendó relevar al personal con el fin de que recupere su estabilidad emocional.
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“Verifique que el Pnal. Mil. que participó en algún evento potencialmente traumático (agresiones, enfrentamientos, aseguramientos, etc. ) sea relevado del servicio que en ese momento se encuentre desempeñando, con el fin de que recupere su estabilidad emocional realizando actividades de sano esparcimiento y convivencia familiar”.
El documento señala que en caso de ser necesario, los soldados deben ser canalizados para recibir atención sicológica y siquiátrica o asignarlos a otro servicio con baja incidencia delictiva.
La Sedena también recomienda que se “implementen acciones de mando para que el personal desplegado no realice servicios prolongados en áreas de alta incidencia delictiva, de acuerdo con la disponibilidad (relevos escalonados, rotación de servicios, etc.)”.
Apenas el lunes, el Senado avaló la reforma al artículo quinto transitorio constitucional que extiende la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Originalmente, estas labores debían concluir en 2024 una vez que la Guardia Nacional terminara de organizar su estructura.