Unos mil 53 menores están a la espera de ser restituidos a México luego de ser sustraídos del país por alguno de sus padres. La cifra es la más alta desde el año 2016 debido a la acumulación de los casos en tribunales nacionales por el tiempo que suspendieron actividades por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que funciona como gestor del proceso en el exterior, entre enero y junio pasado 86 infantes fueron devueltos desde países como Estados Unidos, Colombia, Francia y Venezuela.
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La cifra desde 2008 alcanza los cinco mil 985 menores restituidos, lo que coloca a México entre las naciones con menos número de menores de edad entregados desde el exterior, sólo por encima de países como Perú y Brasil.
El proceso de restitución de un menor desde el exterior es de los más desgastantes económica y emocionalmente ya que provoca importantes secuelas psicológicas en los menores, que demandan a corto o mediano plazo de atención profesional, explicó Armando González Carranza, abogado especialista en materia familiar.
“El menor requerido debe estar, para empezar, en un país que haya ratificado la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores o la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, pues de lo contrario la decisión queda a criterio del Estado al que se requiere”, explicó.
De acuerdo con el experto, la sustracción internacional de menores es un delito que ocurre mucho más frecuentemente de lo que se pueda imaginar y regularmente se lleva a cabo mediante engaños o de forma violenta.
“Lo que sucede regularmente, en 99 por ciento de los casos diría yo, es que los padres se separan y alguno de ellos se lleva a los hijos sin el consentimiento del otro, lo que se complica cuando la sustracción traspasa las fronteras pues implica un proceso judicial en otra nación, sujeto a leyes internacionales y con códigos penales diferentes”, agregó.
El procedimiento se inicia con una denuncia presentada ante un ministerio público en el que se solicita la restitución del menor al seno familiar; esta denuncia pasa a un juez quien es el encargado de girar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una carta rogatoria que será asignada a un magistrado en el país donde se encuentre el infante. Una vez ubicado el sustractor, el juez solicita la entrega del menor, mismo que es canalizado a las autoridades mexicanas para su entrega en territorio nacional.
El proceso, según González Carranza, no tendría que concretarse en más de tres o cuatro meses en una condición ordinaria. Sin embargo, desde el inició de la pandemia el procedimiento legal puede tardar años, dependiendo de las características del caso, mientras que el costo varía entre los 10 mil hasta los 50 mil dólares (hasta un millón de pesos), dependiendo del despacho al que se recurra.
A Marcela Galindo le llevó casi tres años y un gasto superior a los 250 mil pesos recuperar a su niña de cuatro años, la cual fue sustraída por su padre de nacionalidad española. “Sin duda fue un proceso muy largo, tortuoso y muy caro, por la pandemia se detuvo todo y resultó hasta imposible viajar a ver a mi niña”, narró a El Sol de México.
Agregó que la simple redacción de la carta rogatoria le llevó meses pues no en cualquier juzgado la saben hacer.
“Me la regresaron tres veces por estar mal hecha y cuando acudía a pedir una nueva nadie la quería hacer, después mi exesposo se mudó y su localización tardó cuatro meses más, algo que literalmente tuve que realizar yo apenas pude viajar a España, pues en la cancillería me dijeron que ellos no podían ayudarme a buscarla.
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Una vez que el juez giró la orden de entrega, el proceso ya no tardó más de una semana. Tuve que pagar abogados en México y en España y ni así fue rápido, para mí fue una eternidad, imagínese, a mi niña se la llevaron de tres años y me la regresaron de casi seis”, contó.
España es el segundo país con casos activos de restitución de menores, detrás de Estados Unidos donde se concentra 92 por ciento de las solicitudes de restitución de menores, de acuerdo con cifras de Relaciones Exteriores.