En los Estados Unidos hay una figura que se conoce como el “government shutdown”, cierre de gobierno, en que se suspenden todos los servicios públicos no esenciales. El motivo de esos cierres está en los desacuerdos totales o parciales en torno a los presupuestos que se ejercerán durante el período fiscal siguiente. La figura jurídica como tal no existe en México, sin embargo, en Morelos durante los primeros días del 2023 hemos vivido un proceso bastante similar, aunque sin despidos de personal no esencial.
El problema comenzó en octubre del 2022, cuando los diputados del Congreso local pudieron construir una mayoría de quince legisladores opositores a la sui géneris forma de administrar el estado del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. La crítica por la falta de resultados en prácticamente todas las áreas de acción del Ejecutivo, se volvió un ejercicio activo cuando usaron esa mayoría para modificar el presupuesto estatal y aprobar un proyecto diverso al que había propuesto la Secretaría de Hacienda. Las diferencias no abarcan la totalidad del presupuesto, de hecho, no llegan a reasignar más del 20% de los recursos, pero entre otros aportes destacables, el presupuesto de los diputados reduce las asignaciones a la oficina de la gubernatura, la secretaría de Movilidad y Transporte, aumenta las participaciones a los municipios en un diez por ciento, crea un fondo para obras públicas en municipios específicos, y prohíbe al Ejecutivo hacer transferencias libres de los recursos públicos.
El Congreso aprobó con quince votos de veinte posibles el nuevo presupuesto y el gobernador anunció que lo combatiría por la vía de una controversia constitucional, una figura que obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar si la razón jurídica asiste en este caso al Legislativo o al Ejecutivo. El juicio de la Corte puede tardar muchos meses, recientemente resolvió uno interpuesto por la Fiscalía contra el Ejecutivo de Morelos que fue depositado en el 2021. Sin embargo, la Corte podría otorgar, y era la apuesta de Cuauhtémoc Blanco y su equipo jurìdico, una suspensión provisional que liberara al Ejecutivo de la obligación de cumplir con el presupuesto aprobado por los diputados hasta que se resolviera el fondo del asunto.
Así inició el 2023, el Ejecutivo confiaba en que algún ministro le concediera la suspensión, y empezó a reservar parte de los recursos que tenía que asignar a ayuntamientos y Congreso estatal, que recibieron en la primera ministración dinero suficiente sólo para cubrir las nóminas de sus trabajadores. El tres de febrero, la Corte publicó la negativa de suspensión solicitada por el gobierno del estado. El ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, desechó la solicitud de suspensión del Ejecutivo, con lo que le obligaría a aplicar el presupuesto 2023 en los términos que fue aprobado por el Congreso sin que ello resolviera el fondo del asunto (relacionado más con las facultades del Legislativo en materia presupuestal).
Pero el Ejecutivo consideró entonces que debía controvertir la resolución del ministro, por lo que integró un recurso de revisión que aún no es resuelto, pero que le ha servido para mantener la entrega a cuentagotas de los recursos a los ayuntamientos y al Congreso y retener los que corresponden a los fondos de infraestructura municipal y la ampliación presupuestal al Legislativo. Con ello, el Ejecutivo no puede hacer uso de los recursos públicos como lo desearía, pero tampoco permite a municipios y Congreso ejercer su presupuesto de acuerdo con lo programado. En términos prácticos, el gobierno de Morelos está trabado y así parece cumplirá los dos primeros meses del año. El Ejecutivo no entregará los recursos hasta haber agotado todos sus recursos en la Corte y ayuntamientos y Congreso tienen lo justo para pagar nóminas y servicios indispensables. No es un shutdown, pero se acerca auspiciado todo por el Ejecutivo estatal.
Ya rota cualquier posibilidad de diálogo, la semi parálisis del Estado parece ir para largo. Desde la ortodoxia jurídica podría acusarse al gobernador de desacato a una instrucción de la Corte, pero nadie aún ha promovido ese recurso. Esta semana será definitiva en el diferendo.
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