La autoridad electoral no está obligada a garantizar la seguridad en el estado, eso toca a la Comisión Estatal de Seguridad Pública incluso durante la jornada electoral, en la que tradicional y jurídicamente se pone a disposición de los órganos comiciales para atender cualquier solicitud para resguardar el proceso. Esto lo tiene bastante claro la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, a quien preocupa, eso sí, que el responsable de la seguridad pública advierta de la presencia de grupos criminales que buscan influir o de plano controlar los comicios del 2024 sin que haya resultados en la desarticulación que de los mismos debiera hacer el estado.
El tema es muy delicado: sólo el año pasado se cometieron por lo menos tres homicidios dolosos cuyas principales líneas de investigación están relacionadas con la actividad política y la probable vinculación de ésta con grupos delictivos. La captura de presuntos líderes de actividades delictivas con incipientes carreras políticas no es extraña en el estado y las sospechas sobre vínculos de organizaciones criminales con personajes de la vida política local llega hasta el primer círculo del poder. Las acusaciones entre grupos políticos suelen tener el componente de vínculos con actividades criminales, lo que suele pegar a casi todos los partidos políticos en por lo menos alguno de sus cuadros “distinguidos”, y si bien más allá de los probables vituperios e injurias, en muchos de los casos no parece haber siquiera materia para investigación, la sospecha queda y se convierte pronto en juicio sumario en la opinión pública.
En un ambiente así, la intención del Poder central en el país para, con el apoyo irreflexivo de muchos gobernadores, entre ellos el de Morelos, debilitar a las instituciones electorales y generar disparidades evidentes desde el inicio de la contienda resulta una absoluta grosería. El escenario actual requiere de instituciones electorales sólidas como herramienta de defensa para una ciudadanía que no parece poder recurrir a nadie (aparte de a sí misma si se considera la integración ciudadana de los órganos electorales). La ineptitud evidente de las autoridades para defender la democracia que los llevo a los despachos que ahora tienen, debería ser reconocida y suplantada por el fortalecimiento de los órganos electorales, la dotación de más herramientas para perseguir y sancionar conductas que buscan torcer la voluntad ciudadana, o influir en ella de forma totalmente injusta.
Los órganos electorales requieren, en todo caso, marcos sancionatorios más definidos, amplios y permanentes, para poder resolver todo lo que se traduce en un abuso de los recursos públicos, de las lagunas jurídicas, de los espacios no contemplados por el legislador, para cargar la balanza desde mucho antes del inicio de las campañas. En cambio, desde el poder se les agrede, injuria y reducen sus posibilidades de funcionamiento al grado de no solo evitar el avance progresivo de la práctica democrática, sino de regresar a un pasado en que el grupo en el poder inclinaba fácilmente a su favor la balanza.
En el caso de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco parece llevar un doble juego, si bien ha evitado pronunciarse contra los órganos electorales locales y en el caso del tribunal local hasta acompaña a informes y se toma fotografías con magistradas y trabajadoras; por otro lado firma desplegados contra el Instituto Nacional Electoral, manifiesta su apoyo a la intentona de reforma del presidente López Obrador, y mantiene la ofensiva de castigar a los órganos electorales por la vía presupuestal, reduciendo los recursos que requieren para su operación mínima y obligándolos a pedir ampliaciones prespuestales que entrega tarde, incompletas y a cuentagotas.
Pero nadie debería sorprenderse de ello, la defensa de la ciudadanía y la democracia nunca ha sido la bandera de Morena y sus aliados cuyo talante autoritario y fobia por los órganos electorales existe desde mucho antes de lograr sus primeros triunfos, todos ellos gracias a un sistema nacional electoral que permite los equilibrios, evita las inequidades y ha permitido la alternancia.
Así que los órganos comiciales están entre la amenaza del crimen y la del estado. Valiente previa del proceso electoral estamos viviendo.
@martinellito
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