El Memorial de las Víctimas de la violencia en Morelos está ubicado justo a la entrada del Palacio de Gobierno. En él, las fotos de algunos de quienes han sido asesinados en el estado recuerdan, o deberían recordar a los funcionarios la enorme omisión en materia de seguridad pública que la entidad padece desde hace lustros y que se agrava conforme pasa el tiempo. Para la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, Penélope PIcazo, el simbólico mausoleo probablemente luciría más digno en otra parte también a la vista de las autoridades. Olvida la comisionada que la dignidad del monumento está justamente en su pobreza, en su bastante espontánea colocación, en el reclamo permanente a la entrada del Poder Ejecutivo al que se reclama justicia, por supuesto, pero también y sobre todo, seguridad. La dignidad sería que no hubiera memorial porque las víctimas no fueran tantas (o mejor que no las hubiera), y porque los casos de impunidad que padece el estado se resolvieran de forma justa y expedita. Los familiares de las víctimas, dolientes desde hace mucho e inconsolados hasta ahora, sólo le reclaman al Estado lo que sistemáticamente les ha negado: seguridad y justicia. Porque ahora nada más faltaría que el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones diga a los deudos cómo deben llorar sus pérdidas y cómo hacer “digno” su reclamo de justicia.
Como el memorial de víctimas, la comisión ejecutiva que preside Penelope Picazo es producto de una circunstancia, la escalada de violencia que para muchos inició en el 2006 con la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón, pero que en algunos estados era una realidad anterior. De hecho, algunos analistas insisten en que el origen radica en los muy estrictos controles fronterizos que los Estados Unidos impusieron en sus fronteras después de los ataques terroristas del 2001, cuyo efecto sobre el paso de drogas a la unión americana, y el modelo de negocio de los grupos delictivos se redirigió a otras actividades criminales en territorio mexicano. En el 2011 vino el primer reclamo organizado de la sociedad civil contra la situación de inseguridad en todo el país. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, colocó el memorial de víctimas a las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos tomó las calles y autopistas para visibilizar a las víctimas de la delincuencia que actuaba frente a las omisiones e incapacidades de la autoridad (algo que aún ocurre). Las movilizaciones de la sociedad civil lograron la aprobación de leyes que buscan atender a las víctimas de los delitos, y forman las comisiones de atención.
En esto, sin embargo, origen no parece ser destino. A diferencia de la honestísima muestra de indignación y legítimo reclamo que representa el memorial, la Comisión de Atención a Víctimas muy pronto se contaminó de los vicios comunes de la política, entre el burocratismo, la indolencia, y hasta las sospechas de corrupción las acciones a favor de las víctimas fueron escasas, inexactas y en muchos casos viciadas de origen. Los derroteros no fueron los mismos.
La llegada de Penélope Picazo a la Comisión parece haber cambiado en algo las cosas, ha aumentado la agilidad en la atención a víctimas, se cuenta con un mejor padrón, y hasta se ha denunciado a quienes habrían pedido moches hasta del 50% de los montos reparatorios determinados por la propia comisión. Es decir, todo iba bien, y a lo mejor incluso la intención de “dignificar” el memorial de víctimas parte de un buen lugar en el corazón y no es, como muchos podrían empezar a sospechar, una forma de limpiarle el camino a la administración de Cuauhtémoc Blanco, que en sus 45 meses ha registrado un incremento de alrededor de 75% en la cantidad de homicidios dolosos respecto de los 45 meses previos a su inicio en octubre de 2018; el problema es que antes de proponer la mudanza del reclamo, éste tendría que compartirse y atenderse desde su raíz.
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