En la capital morelense operan 62 centros que expiden licencias y permisos de circulación del vecino estado de Guerrero, sin embargo las licencias han sido tramitadas como casas gestoras, reconoció el presidente de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
El municipio decidió poner atención a las motocicletas que circulan con permisos de Guerrero después del atentado que sufrió la diputada Gabriela Marín Sánchez, donde dos sujetos que viajaban en una motocicleta solo contaban con permiso de circulación y no placas que pudieran identificarlos.
Pese al respaldo que José Antonio Ortíz Guarneros, comisionado de seguridad estatal dio para la identificación de motocicletas con estos permisos, el alcalde señaló que es un tema puramente administrativo por lo que sería competencia del Ayuntamiento poder clausurar, en este caso las gestorías que no actúen en el marco de la ley.
El presidente municipal dijo que solicitó a la consejera jurídica, Nadia Luz Lara Chávez, que haga un análisis respecto a la legitimidad que tienen estos negocios para expedir los trámites.
“Aun cuando los municipios de Guerrero pudieran tener facultades para expedir permisos para circular vehículos, no son ellos quienes los llenan, son particulares y eso podría implicar también la comisión de algún ilícito”, dijo el presidente.
Es decir, hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que aunque los municipios de Guerrero estén facultados para poder expedir los permisos, los municipios de Morelos no lo están, y es ahí cuando se comete el ilícito.
En cuanto a las sanciones de tránsito, el munícipe dijo que si se determina con base a esa investigación (la de la consejera) que los permisos son apócrifos cada persona que los porte para circular estaría incurriendo en falta, por un documento no expedido por una autoridad competente para hacerlo y sí podrían ser sancionados.
“El tema se puede circunscribir a que los documentos aún siendo oficiales son llenados por particulares, lo que podría implicar una falsificación de datos y eso constituye un ilícito”, explicó Urióstegui Salgado.
Por último dijo que para evitar ser clausurados se les invita que dejen de expedir este tipo de permisos y que se convierta en una actividad ilícita.