Rafael Reyes, alcalde de Jiutepec insiste en que gobierna solo. El apoyo del gobierno estatal es prácticamente nulo para el municipio que genera más de la mitad del producto interno bruto estatal. Tampoco hay siquiera despliegues de apoyo de la federación más allá de programas federales que, se supone, llegan directos a los beneficiarios. Con todo y eso, en su demarcación no se sufre tanto por los servicios públicos, y el municipio ha edificado obra pública de acuerdo con sus posibilidades.
José Luis Urióstegui está en la misma situación. El alcalde de Cuernavaca no recibe apoyos del estado ni la federación, aún frente a la enorme deuda que heredó y la colección de pendientes en materia de servicios públicos. José Luis también gobierna solo.
Lo mismo podría decirse de otros municipios, Temixco, Yautepec, Jojutla, Yecapixtla, que han sido castigados por las omisiones del gobierno estatal, y padecen además los recortes de fondos federales para seguridad, infraestructura, desarrollo metropolitano, obra pública, y otros ramos presupuestales cuyos recursos han sido redirigidos por el gobierno federal a sus prioridades, que parecen no incluir a Morelos donde apenas se avanza en la conclusión de obras federales que tenían muchos años suspendidas, y en promesas de que vendrán nuevas inversiones.
Los alcaldes abandonados no son todos de oposición, por cierto. Rafael Reyes en Jiutepec, Juan Ángel Flores, en Jojutla, y Juana Ocampo en Temixco, militan en el mismo partido del que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco presume ser consejero, y cuyo fundador es hoy presidente de la República. Así que el olvido del gobierno estatal a esos municipios que juntos concentran a más de la mitad de la población en el estado tiene un origen más allá de lo partidario y parece más un asunto faccioso.
El gobierno estatal ignora a quienes considera sus adversarios políticos. En Cuernavaca, por ejemplo, la obra pública que desarrolla el gobierno estatal busca suplantar las funciones municipales (pavimentación, alumbrado), son programados y ejecutados sin consultar al ayuntamiento, autoridad responsable, y se inauguran en actos a los que no se invita a los funcionarios municipales. Lo mismo ocurre con obras y actividades desarrolladas en las demarcaciones que el gobierno estatal considera en manos de sus adversarios.
Y a lo mejor no interesa tanto quién aparece en las fotos de la inauguración de una obra, pero la invasión de potestades en materia de obra pública, por una parte, y el castigo presupuestal a los municipios vía recortes y retención de las participaciones que el gobierno estatal tendría que entregar a los ayuntamientos, resultan un escándalo y comprometen las finanzas de los municipios al grado de llevarlos casi a la quiebra.
Claro que en Morelos, un estado cuyos 36 municipios padecen crisis financieras recurrentes, las quejas de los alcaldes menospreciados por el gobierno estatal podrían perderse en el ruido de la preocupación de todos los ayuntamientos por su viabilidad económica. Lo cierto es que resulta evidente el trato diferenciado que reciben los alcaldes de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatetelco, Coatlán del Río, Cuautla, Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Mazatepec, Miacatlán, Temoac, Tepalcingo, Totolapan, Xochitepec, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas, Tepoztlán y Emiliano Zapata, cuyos 23 alcaldes apoyan abiertamente al gobernador, Cuauhtémoc Blanco y su grupo político.
El problema es que el gobierno estatal viola las garantías de la mitad de la población de Morelos. Los alcaldes de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Jojutla, Yautepec y Yecapixtla, fueron electos por la ciudadanía en procesos democráticos, es decir, están en sus cargos por voluntad ciudadana y en tal sentido, un castigo a ellos por ser considerados adversarios del gobierno estatal, es una afrenta a la ciudadanía de esos municipios y equivale a un castigo al ejercicio de una de sus libertades políticas elementales. La política municipal no es un juego y el gobierno estatal parece no entenderlo.
A lo mejor el Congreso, con estos elementos, se anima de una vez a una reforma profunda a la coordinación hacendaria local. Es el paso siguiente luego de la osadía que tuvieron con el presupuesto del gobierno estatal.
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