La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, informo que a los dos elementos administrativos pertenecientes a la Secretaría que son investigados por su presunta participación en el homicidio del abogado Rafael Bello, les fueron suspendidos sus pagos.
Al ser cuestionada sobre el pago de salario de los funcionarios, Vázquez Luna respondió: “ahí está en suspenso hasta que se resuelva su situación… En sus áreas ya hay encargados, pero no hay nombramientos definitivos, hay que esperar a se resuelva la situación jurídica de los dos detenidos”.
La audiencia para determinar la situación jurídica de los mandos policíacos, Hugo “N”, José Alfredo “N”, quiénes fueron detenidos el pasado 8 de febrero en las oficinas de la Seprac, estaba programada para el 13 de febrero, pero fue reprogramada para el 14 del mismo mes.
La funcionaria municipal mencionó que continuarán evaluando al personal de la Secretaría con el propósito de evitar una situación similar, destacó que del 2022 a la fecha sólo dos elementos han sido dados de baja por no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
“En el mes de noviembre se dio de baja a una persona y en diciembre otra, otros fueron sancionados y separados de sus funciones por cinco y hasta 10 días… Por no pasar los exámenes de control y confianza, aunque para otros las causas fueron distintas, porque llegaron tarde, porque faltan sin justificación o en su caso por omisión de cuidado y olvidó su guardia… Son parte de las sanciones que se le dan a veces a los elementos, se investiga la denuncia y asuntos internos determina los tipos de sanciones”.
Vázquez Luna comentó que tendrán que hacer los procedimientos adecuados para determinar si más elementos serán dados de baja, ya que buscan evitar que a la larga las arcas municipales se vean comprometidas con laudos.
La titular de la Sepreac reconoció que hasta el momento son investigados 19 elementos, sin embargo, en el caso de los servidores públicos, las denuncias tendrían que ser presentadas ante la contraloría.
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