Andrea Acevedo, vocera de la colectiva feminista en Morelos, “Divulgadoras”, celebró la aprobación de la llamada Ley 3 de 3 a nivel federal, al afirmar que no es posible que los representantes del pueblo sean deudores alimentarios o agresores.
“Considero que es un gran logro desde el movimiento feminista, es importante que en espacio político se reconozca también la importancia que tiene que la violencia contra las mujeres, que sepan que tiene consecuencias, así evitar que los hombres sigan violentando a las mujeres”, indicó.
La madrugada de este 29 de abril, Senadores de la República de Morena, Partido Verde, PT y PES aprobaron reformas constitucionales para evitar que cualquier agresor pueda postularse por un cargo político.
Sin embargo, la activista dijo que temen que se presente alguna controversia constitucional y la medida aprobada por los Senadores del país se eche para abajo, con el argumento de que se violente el derecho de votar y ser votado.
A pesar de que alguien pueda interponer este recurso, dijo que confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome en cuenta que la vida y seguridad de las mujeres es prioridad, sobre todo en materia de derechos humanos.
“Darle más poder a los agresores es volverlo impune, intocable incluso a las leyes en este país y violencias que ejerza”, agregó.
Acevedo sostiene que lo ideal es que ningún hombre que ejerza violencia o tenga una denuncia en su contra por este tema pueda acceder a un cargo público. Consideran que al estar al frente de una secretaría o dependencia pública se sienten protegidos y continúan violentando a las mujeres que estén a su alrededor.
“La ley 3 de 3 es una medida que ayuda, es muy importante porque caminamos hacia una vida libre de violencia, pero esto no lo es todo”, concluyó.
En diez estados del país esta ley ya fue aprobada, y el 19 de octubre del 2022 fue presentada ante el Congreso del Estado de Morelos, sin embargo no ha sido aprobada.
¿Qué dice la Ley 3 de 3?
Esta iniciativa de ley “Ley 3 de 3”, reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución de México, propone la suspensión de los derechos políticos a las personas que son deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.
Busca garantizar que en la política los representantes respeten y hagan valer los derechos de las mujeres. Quienes sean catalogados como violentadores no podrán concursar por un puesto de elección popular a partir del proceso electoral de 2024.
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