Por segunda vez en menos de ocho días, Cuernavaca fue prácticamente detenida por manifestaciones y bloqueos. La práctica de manifestarse cerrando el tránsito ha sido una tradición local por lo menos desde los ochenta, aunque entonces se mantenía sólo en el centro histórico de la ciudad y en casos sumamente graves iba del pueblo de Tlaltenango hasta el zócalo de la ciudad. Era notorio que a medida que las administraciones se debilitaban por acercarse a la conclusión de sus ciclos constitucionales, la frecuencia de las marchas y bloqueos aumentaba. La frecuencia de las movilizaciones y las afectaciones a la ciudadanía y los negocios que se les aparejaban, provocó que se propusieran diversos modos de regular las manifestaciones, el más extremo era la creación de un manifestódromo, que aunque se discutió en los asuntos generales de las sesiones del Congreso por allá de fines del siglo pasado, jamás llegó a iniciativa de ley, por aquello del sagrado derecho a la libre expresión.
Fue en el período gubernamental de Graco Ramírez que la práctica del bloqueo se extendió ya con frecuencia a otras arterias. Desde el 2012, las manifestaciones salieron de su dinámica regular y empezaron las tomas de avenidas como Teopanzolco, Plan de Ayala, y el Paso Exprés, además de zonas de desahogo del tránsito como las calles que conducen al centro de Cuernavaca, o las diversas entradas a la ciudad.
El de los bloqueos y manifestaciones es un complejo sistema de problemas. Por una parte está el legítimo derecho a la protesta de quienes son afectados directa o indirectamente por la acción u omisión gubernamental; pero el ejercicio de ese derecho obstruye los de otros ciudadanos al libre tránsito, el acceso al trabajo, salud, educación, alimentación y hasta la búsqueda de la propia felicidad; también provoca pérdidas millonarias en la ciudad cuya actividad económica se ve disminuida o prácticamente detenida por las manifestaciones.
El meollo del asunto, sin embargo, es que el origen de manifestaciones y bloqueos está asociado, casi el total de las veces, a acciones u omisiones de la autoridad en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal o federal, y en el caso de Cuernavaca se concentran bloqueos y manifestaciones contra los tres.
Llama la atención entonces que desde el gobierno estatal se llame a los municipios a atender las problemáticas que generan manifestaciones que afectan a terceros, morelenses y turistas, cuando más de la mitad de los bloqueos tienen origen en cuestiones que debieran atender el gobierno estatal o el federal. Incluso cuando referimos a la crisis del agua en Cuernavaca, principal generadora de conflictos con el ayuntamiento desde hace por lo menos tres años, parte de la solución tendría que venir de los gobiernos estatal y federal que han sido omisos para atender los múltiples problemas que tiene la ciudad y particularmente los que padece el sistema operador, Sapac; además de la obligación solidaria está la jurídica, en tanto quien hoy ocupa la gubernatura estatal, Cuauhtémoc Blanco, es en parte responsable directo de la crisis del agua potable que empezó a gestarse cuando él era alcalde de la ciudad.
Pero los gobiernos parecen estar dispuestos a un concurso de ineptitudes que “ganaría” quien resultara menos exhibido por los otros niveles y poderes. Lejos de buscar soluciones a los problemas que originan los bloqueos, fallas en servicios públicos, inseguridad, omisiones en el pago de indemnizaciones, principalmente; lo que hacen todos es tratar de repartir culpas. La irresponsabilidad es mayúscula entre los funcionarios y frente a ello, los bloqueos y manifestaciones, junto con las afectaciones a cientos de miles de personas en Cuernavaca, parecer destinados a volverse parte del paisaje.
Por supuesto que hay manifestaciones que resultan bastante poco legítimas o socialmente innecesarias, como las que organizan algunos políticos para mostrar el apoyo a sí mismos o a su grupo de poder, lo que las vuelve aún más molestas; algunas otras son bastante armadas por otros políticos para exhibir fallas menores de alguna administración, pero podría decirse que más de la mitad de las manifestaciones y bloqueos que padece la ciudad derivan de causas ciudadanas justas.
¿Necesitamos regular las manifestaciones? Lo que parece que tendríamos que sancionar mejor es la ineptitud de los funcionarios públicos y la lentitud en ofrecer respuestas a las demandas de una ciudadanía que, ciertamente, se vuelve cada día más exigente aunque las vías para ello puedan considerarse poco adecuadas. Frente a gobiernos verdaderamente eficientes, probablemente convendría empezar a discutir sobre la regulación de las manifestaciones, de otra forma, contribuiríamos a perpetuar la ineptitud de la burocracia.
@martinellito
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